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Ecuador ha entregado un cheque en blanco a la sombra. Con la aprobación de Ley de Inteligencia, el Estado no solo habilita el espionaje masivo, construye un sistema perfecto para el abuso de poder y la corrupción institucional. Cuando las agencias de vigilancia operan sin fiscalización ciudadana, con fondos opacos y cero transparencia, lo que nace no es seguridad nacional, si no una máquina de represión impune.
Vigilancia sin justicia: el pasaporte a la arbitrariedad
Bajo la excusa de «protección nacional», esta ley permite al Sistema de Inteligencia exigir datos sensibles a cualquier entidad pública o privada sin ninguna orden judicial. No hay derecho a preguntar por qué. No existe la posibilidad de negarse. Imagina la escena: agentes llegan a la sede de tu organización exigiéndote registros de miembros, comunicaciones internas o planes de acción. Les dan 48 horas. No muestran autorización firmada por juez alguno, a lo mucho, el sello de alguna oficina secreta.
El peligro va más allá de la violación de privacidad. Sin auditorías independientes, sin comisiones de veeduría, sin acceso a registros de qué datos se recolectaron y cómo se usaron, este sistema convierte cada información robada en munición para chantajes políticos. ¿Qué impedirá que el gobierno use estos poderes para desarticular huelgas legítimas? ¿o para filtrar datos sensibles de periodistas opositores? La ley no lo dice, solo entrega más poder a quienes ya tienen poder.
Fondos oscuros, contratos fantasma: el negocio tras el espionaje
Aquí está el corazón corrupto de la ley: crea un fondo permanente de gastos reservados con dinero público, pero blindado contra cualquier escrutinio. La Contraloría revisará cifras globales, pero los informes se destruirán tras su fiscalización. Los detalles de compras, contratos o asignaciones quedarán enterrados en expedientes clasificados.
Este diseño es un paraíso para el desvío de recursos. Visualicemos las rutas del dinero sucio; software espía sin licitación, nóminas de agentes fantasma y fachadas logísticas.
La historia ecuatoriana ya conoce este guion; la extinta Secretaria Nacional de Inteligencia (SENAIN) usó mecanismos idénticos. Durante su existencia se gastó más de 300 millones de dólares sin rendir cuentas claras. Parte de este dinero financió espionaje a opositores y persecución a periodistas. Esta ley no evita la repetición de esos crímenes, los institucionaliza con mejor cobertura legal.
Operaciones encubiertas: la impunidad hecha método
La ley autoriza operaciones tácticas con identidades falsas, infiltrados y equipos camuflados, sin obligación de documentar sus procedimientos. Ningún juez supervisará estas misiones. Ningún organismo externo auditará sus métodos.
Esto convierte cada acción encubierta en un agujero negro de impunidad.
- ¿Un infiltrado provoca violencia en una protesta pacífica para justificar represión? No habrá pruebas.
- ¿Agentes roban información de un medio comunitario para extorsionar a sus fuentes? No existirá registro.
- ¿Se usa software espía contra dirigentes sindicales? La ley protege el «secreto de la operación».
El artículo 53 prohíbe teóricamente espiar por ideología política. Pero ¿cómo se denuncia lo que no se puede probar? ¿Quién investiga a quienes tienen permiso para borrar sus huellas?
Corrupción 2.0: cuando el estado vigilante es el delincuente
El gobierno insiste en que combatirá el narcotráfico y crimen organizado. Pero cuando una ley:
- Entrega recursos públicos sin trazabilidad
- Permite contrataciones sin supervisión
- Borra evidencias de operaciones ilegales.
no está creando seguridad, está montando el sistema de corrupción más perfecto de la historia ecuatoriana.
Las víctimas ya están identificadas: periodistas independientes, organizaciones sociales, fiscales anticorrupción.
Resistir la opacidad: el antídoto ciudadano
Frente a esta arquitectura de impunidad, se debe exigir transparencia:
- Auditoría pública: que la Asamblea exija el acceso total a los contratos del fondo reservado.
- Alianza de medios: crear una red nacional para investigar gastos de inteligencia usando la ley de acceso a la información.
La corrupción no se combate con más secretos. Se derrota con la luz. Si elEstado juega a las sombras, nuestra respuesta será exponer cada rastro oscuro. Porque cuando los vigilantes creen que nadie los ve, es precisamente cuando más ojos deben observarlos.
Un sistema que teme a la transparencia no protege la seguridad; protege sus privilegios.
El Aguante
Somos un medio digital de izquierda, comprometido con los intereses populares y la construcción de herramientas críticas frente al discurso hegemónico. Creemos en la autodefensa digital como un medio combatir la vigilancia y la censura.
