El ataque de Israel a Irán el pasado viernes 13 de Junio, marcó de otro episodio de violencia desproporcionada en Medio Oriente. Israel lanzó un ataque aéreo y de inteligencia coordinado contra más de un cien objetivos en Irán. Esta operación, planificada por meses y bautizada como «Rising Lion», involucró aviones de combate, misiles de precisión, drones autónomos y una red de operaciones encubiertas del Mossad, el servicio de inteligencia exterior Israelí. Las ciudades de Natanz, Fordow, Esfahán y Teherán amanecieron bajo fuego, con columnas de humo elevándose sobre instalaciones nucleares, complejos militares y centros de investigación científica. Más de 200 aeronaves israelíes participaron en la misión, que según informes, cobró la vida de más de 300 personas, entre ellos científicos, militares de alto rango y también civiles. Entre los muertos se encuentran nombres de peso dentro de la jerarquía iraní como el comandante de la Guardia Revolucionaria Hossein Salami y el jede del Estado Mayor Mohammad Bagheri, lo cual marca un duro golpe para la estructura militar de la República Islámica.

A pesar de que el gobierno de Netanyahu justifica esta acción como «ataque preventivo» destinado a frenar el programa nuclear iraní, resulta inaceptable la naturalización de la violencia unilateral como forma de preservar intereses estratégicos de un país con total respaldo de Occidente, especialmente de los Estados Unidos. Esta narrativa de «autodefensa anticipada», tan habitual en la política exterior israelí, encubre una lógica de supremacía regional que se ha repetido desde hace décadas: el uso del poder militar como herramienta de contención de cualquier fuerza de Oriente Medio que no se pliegue a las directrices geoestratégicas de Tel Aviv y sus aliados. En este sentido, el ataque contra Irán no puede entenderse de forma aislada; forma parte de un patrón histórico donde Israel, con la venia internacional, actúa como gendarme regional, recurriendo sistemáticamente a la violencia con impunidad, como lo ha hecho en Siria, Líbano, Irak y de manera persistente, en territorios palestinos. La proyección militar israelí, sostenida por la ausencia de consecuencias diplomáticas, consolida un escenario de desigualdad que dificulta cualquier intento serio de equilibrio en la región.

Irán, por su parte, respondió con el lanzamiento de misiles y drones hacia territorio israelí. Aunque la escala fue menor, el gesto apuntó a preservar su capacidad de disuasión tras un golpe significativo. Durante años, el país ha estado sometido a sanciones diplomáticas, amenazas militares y operaciones encubiertas en su territorio, lo que ha reducido su margen de maniobra frente a una escalada. En este escenario, incluso respuestas defensivas adquieren rápidamente una dimensión regional. La inestabilidad interna del régimen no anula este contexto: sus decisiones en política exterior están marcadas por un entorno hostil que se ha sostenido durante décadas.

El ataque del 13 de junio ocurre en un momento especialmente tenso para Medio Oriente. La guerra en Gaza sigue sin solución, el frente norte entre Israel y Hezbolá se ha vuelto más activo, y las operaciones israelíes contra intereses iraníes en Siria han aumentado en frecuencia e intensidad. A esto se suma la ruptura de canales informales entre Teherán y Washington tras la crisis en el mar Rojo y los ataques a intereses occidentales en Irak. En este contexto, el uso de la fuerza como forma de anticipación —como ha hecho Israel— no solo vulnera el derecho internacional, sino que reduce las ya escasas posibilidades de una salida diplomática. Más allá de las víctimas y la destrucción, este tipo de acciones normaliza la violencia como método de gestión regional y acerca el escenario de una guerra abierta de escala mayor.

La reacción internacional ha sido predecible: los gobiernos occidentales más cercanos a Israel no solo respaldaron públicamente el ataque, sino que lo justificaron como una respuesta legítima, sin matices ni llamados reales a la contención. En ese mismo tono se pronunciaron voceros de la Unión Europea, del Departamento de Estado de EE.UU. y otras cancillerías que, en otros escenarios, suelen invocar el derecho internacional con mayor rigurosidad. En este caso, la condena no se dirigió al uso unilateral de la fuerza, sino a la mera existencia de una amenaza. Esa alineación refuerza la idea —ya extendida en la región— de que las reglas no se aplican por igual, y que ciertos Estados cuentan con un permiso tácito para operar al margen de cualquier límite jurídico o político.