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Ecuador acaba de legalizar la persecución disfrazada de seguridad. Con la nueva Ley de Inteligencia, el gobierno a construido un arma de vigilancia masiva apuntada directamente a periodistas comunitarios, dirigentes sociales y defensores de los derechos humanos. Lo que venden como «protección nacional» es en realidad un manual para criminalizar la disidencia. No hablamos de teorías conspirativas: los artículos de esta ley convierten a cualquier crítica al poder en motivo legítimo de espionaje.

La normalización del espionaje: datos privados al alcance del estado

Imagina que tu teléfono, computador o reuniones editoriales pueden ser intervenidas sin que ningún juez lo autorice. Eso permite esta ley. Las autoridades de inteligencia tendrán poder para exigir a empresas telefónicas y proveedores de internet sus historiales completos: llamadas, mensajes, ubicaciones, GPS, direcciones IP y actividad en redes sociales. Todo en 48 horas. Sin supervisión externa. Sin posibilidad de apelación.

Pero hay algo más peligroso: un fondo secreto de gastos especiales, financiado con dinero público pero oculto tras un muro de opacidad. Ni la Contraloría General podrá auditar cómo se usan esos recursos. ¿Qué se comprará con ese dinero? Equipos de hackeo, software de vigilancia masiva, o pagos a informantes infiltrados en tu colectivo. Para medios comunitarios que denuncian el extractivismo, o para organizaciones indígenas que defienden sus territorios, esto significa una amenaza existencial. Si hoy investigan abusos de poder, mañana serán etiquetados como «blancos estratégicos».

El resultado es un veneno lento: periodistas que dejarán de investigar temas sensibles por miedo. Fuentes que jamás volverán a hablar. Comunidades que desconfiarán de nuevos integrantes. En un país donde los medios pequeños ya trabajan bajo amenazas, esta ley institucionaliza la parálisis informativa. Cuando el Estado se disfraza, la sociedad aprende a callar.

Medios comunitarios y organizaciones: blancos predeterminados.

Esta ley no fue escrita para combatir el crimen organizado. Su arquitectura revela otro objetivo: silenciar a quienes desafían al poder. Para entender por qué medios alternativos y movimientos sociales están en la mira, basta ver cómo opera la maquinaria:

Los medios comunitarios que exponen derrames petroleros en sus ríos serán catalogados como «generadores de inestabilidad». Las cooperativas de mujeres que organizan ollas comunitarias podrás ser vigiladas como «focos de agitación». Un sindicato que reclame salarios dignos será tratado como «amenaza táctica»: Criminalización y represión, palabras claves del legado Noboa, ahora aplicados a la política nacional.

Y aunque el artículo 53 dice prohibir el espionaje por ideología política, no existe ningún mecanismo real para evitarlo. ¿Quién fiscalizará que no usen estos poderes contra un dirigente ambientalista que bloquea una minera? ¿O contra un medio digital que revela sobornos a funcionarios? La ley no crea comisiones ciudadanas, ni tribunales especializados, ni siquiera permite acceso público a informes de vigilancia. Todo queda en manos de las mismas agencias que ejecutan el espionaje.

El peligro es aún mayor para pueblos indígenas y defensores territoriales. Bajo el argumento de «proteger seguridad nacional», sus asambleas podrán ser infiltradas, sus líderes rastreados con geolocalización, y sus estrategias legales monitoreadas. Lo que hoy es resistencia pacífica, mañana será «blanco operacional».

El mito de la seguridad: ¿por qué esto nos daña a todos?

El gobierno insiste en que estos poderes excepcionales solo combatirán narcotráfico y terrorismo. Pero la historia latinoamericana nos enseña lo contrario: las leyes de vigilancia masiva siempre se expanden contra disidentes. Cuando un Estado puede:

• Intervenir comunicaciones sin jueces,
• Gastar recursos públicos en secreto,
• Infiltrar reuniones legítimas,
  las primeras víctimas son los guardianes de la democracia: periodistas, sindicatos, defensores ambientales.

Miremos los hechos: Esta ley no exige transparencia en sus operaciones. No permite que víctimas de espionaje accedan a pruebas. No sanciona a agentes que abusen de sus facultades. Es un cheque en blanco para la persecución política con fachada técnica.

Resistir no es opcional, es un llamado urgente

A los medios comunitarios que son la voz de los sin voz: Esta ley busca que desconecten sus transmisores por miedo. A las organizaciones que defienden derechos: los quiere aislados y desconfiados. Pero hay una verdad que el poder subestima: la solidaridad es más fuerte que cualquier software espía.

No esperemos al primer allanamiento, al primer infiltrado expuesto, al primer comunicador judicializado. La defensa empieza hoy:

• Exijamos derogación inmediata de esta ley inconstitucional.
• Tejamos redes de protección digital: cifrado de comunicaciones, verificaciones rigurosas, sistemas seguros para fuentes.
• Documentemos todo intento de vigilancia: una foto, un audio, un testimonio.
• Gritemos más fuerte: Que cada censura potencial se convierta en denuncia pública masiva.

El silencio es la victoria de los opresores. Frente a máquinas de vigilancia, levantemos murales de verdad. Contra fondos secretos, organicemos asambleas transparentes. Ante agentes encubiertos, respondamos con abrazo colectivo.